Por Estefanía
Heit de Olivera
Cartas desde la
cárcel: Capítulo 1
“Le
pedí a la Presidenta, justicia por mi pueblo y mi país”
Desde hace tres
años reclamo la devolución de las cosas que me secuestraron en el allanamiento
del 12 de noviembre de 2012 y en la inspección ocular porque allí hay elementos
claves para mi defensa, pero las cosas nunca me las devolvieron y encima
robaron mi casa cuando estaba con custodia policial. “Todos los objetos
secuestrados serán devueltos tan pronto como sean necesarios y en las mismas
condiciones” afirma el art. 231 del Código Procesal Penal.
Aunque el
intendente Ricardo Moccero, el secretario de gobierno, Gustavo Di Battista; el
comisario Rubén Fernández, la ayudante fiscal Lorena Villagra y la fiscal María
Marta Corrado afirmaran que en ese material había videos que probaban los
delitos, nunca apareció nada ni fue usado por la fiscalía un mero cd de los 60
secuestrados.
En 2013 Moccero
y Corrado usaron mi causa para ser diputados provinciales violando todos mis
derechos y garantías constitucionales. En noviembre de ese mismo año le escribí
una carta a la Presidenta donde le conté en detalle (como lo haré en los
capítulos sucesivos) que en ese material secuestrado y en mi vivienda que
robaron después de enviar la carta; había videos, fotografías, grabaciones y
declaraciones referentes a coimas, narcotráfico, intercambio sexual con menores
de edad, ponchado de autos, malversación de fondos y concursos públicos, y
demás manejos políticos y policiales que desde hace años contamina a Coronel
Suárez. No sé si la carta fue leída por Cristina pero los involucrados sabían
que yo tenía ese material y esa es la razón por la que, coartando mi derecho a
la defensa, nunca me devolvieron las cosas que todavía se encuentran en Mar del
Plata (lugar donde fueron llevadas a peritar), aunque la fiscalía nunca las
usó.
¡Soy
inocente! Y lo voy a repetir hasta el último día de mi vida. Si esta causa
judicial fuera tan real y transparente, las cosas secuestradas en el
allanamiento del 12 de noviembre de 2012 y en la inspección ocular, hubiesen
sido devueltas para que pudiera defenderme en el juicio oral.
“La
verdad saldrá a la luz” dijo mi esposo en una nota a la revista “Noticias” y
llegó el momento de empezar a contarla. La razón de hablar la VERDAD es que
estoy cansada de las injusticias que siempre padecen los más débiles, los don
nadie, los que dan mala imagen en la tele, los que comulgan contra el político
de turno.
Desde
que esta causa judicial empezó, quiero defenderme y no me dejan porque piensan
que así me voy a callar. No necesito de la protección de nadie para
garantizar el éxito en lo que haga
porque vengo con la verdad, ni necesito que el político de turno me ampare
porque no busco beneficios personales, si los buscara hubiese vendido esta
información cuando periodistas de renombre me ofrecieron grandes sumas de
dinero por estos datos. En vez de eso, en cada nota periodística que ofrecimos
con mi esposo, pedimos alimentos no perecederos para los internos del penal,
los cuáles se terminó quedando mi abogado defensor, el Dr. Lofvall y nunca
llegaron al penal.
Tengo
dignidad y sólo quería que se juzgue con justicia, que el pueblo se saque la
venda de los ojos y elija sabiendo quién es quién, y que a otros no les pase lo
mismo que a nosotros cuando se legitima la violación de las garantías y
derechos por no quedar mal con la televisión.
Durante
tres años mancillaron mi nombre, mi reputación y la de toda mi familia.
Retuvieron mis cinco computadoras, cinco
celulares, dos grabadoras, una filmadora, una cámara digital, mas de 60 cd`s y
dos pen drives, entre otras cosas secuestradas por la policía, para evitar que
me defendiera y jamás me devolvieron. Robaron mi casa cuando estaba con
custodia policial por disposición judicial y archivaron la causa como si no
existieran responsables considerando que, además de mis bienes, robaron pruebas
que me ayudaban en la defensa. Hicieron una conferencia de prensa nacional sin
que el allanamiento haya terminado, hablaron de la existencia de videos y mucho
material probatorio que nunca apareció ni está en el expediente.
Me
detuvieron porque el Ministro Casal “lo dijo” pero sin orden firmada por juez
competente como lo marca la ley y me alojaron en un calabozo inhabilitado con
policías en la reja que me increpaban continuamente. Me amenazaron, golpearon,
ahorcaron, maltrataron y “putearon” desde el primer minuto de la investigación.
Fue Moccero el primero en ver a Sonia Molina en el Hospital suarense y
conversar con ella durante cinco horas y pese a la solicitud de la fiscal
Lorenzo de sancionar funcionarios, medios y policías; la causa fue archivada
por Corrado tras mantener una reunión privada con el jefe comunal. Además
difundieron en los medios nacionales, el único video que existe en el
expediente judicial en forma descontextualizada, editado y cortado más de la
mitad del tiempo y desapareció el
celular de donde se extrajo por lo que no puedo pedir el cotejo del video
original ni compararlo con el que extrajo la fiscal Corrado para a causa
judicial y que luego vendió a “La Brújula 24” de Bahía Blanca.
Moccero
y Corrado usaron mi causa para sus spot de campaña y sus plataformas políticas con
el fin de acceder a la diputación provincial, violando el principio de
inocencia y otros derechos y garantías constitucionales, cuando ni siquiera
había terminado la investigación. No contentos con tamaña humillación, me
condenaron a vivir los próximos 13 años de mi vida en una celda de 2 por 3
metros en lo que llaman “la cloaca social”.
Lo
que nunca podrán es coartar los medios para que pueda expresarme porque aunque
sea el “Hitler argentino” o la “vergüenza nacional” siempre supe hacer mi
trabajo periodístico y voy a contar mi VERDAD. Ellos tratarán de desmentirla
pero les aseguro que la respuesta será tan flaca, que dejará ver los huesos de
la mentira.
Ya
golpeé las puertas de todo el sistema judicial bahiense y ahora estoy golpeando
las del sistema provincial. Sé que en algún momento encontraré una persona que
se comprometa con la justicia, con la verdad, con la coherencia, con el derecho;
para que podamos tener la misma igualdad de posibilidad que tuvieron los demás.
En noviembre de
2013 le escribí una carta a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
la envié por el correo de Coronel Suárez y saqué otra copia, directo del penal.
Quizás la carta nunca llegó a sus manos pero me consta que, por lo menos una de
ellas, fue recibida por el área de ceremonial, según me confirmaron dos de sus
secretarios cuando llamé para constatar. Le escribí 80 hojas a mano, plasmadas
en un cuaderno chico de tapa blanca con lunares celestes. Le escribí a ella porque “quería hablarle al pueblo y ella era su mejor
representación”, le manifesté. No le pedí ayuda en nuestra causa judicial
pero si le pedí que “evitara que otros
sufrieran lo mismo que sufrimos nosotros, que la justicia no condene en función
de lo que diga la prensa y que los presos sean tratados con dignidad porque el
mayor dolor para un detenido no es físico sino sentimental”. Le relaté
historias personales de los internos que padecen la arbitrariedad de la
justicia y la marginalidad del sistema que se supone, los prepara para su
reinserción social. Le hablé de la prisión, de los sufrimientos, necesidades e
injusticias que día a día se viven en el ámbito carcelario.
Le pedí también
que continuara con algunos proyectos que se impulsaron desde nuestra ONG
Viision 21, que con tanto ímpetu mancillaron en los medios de
comunicación; como la creación de una
agencia para modelos con capacidades diferentes siendo la primera del país
y la tercera a nivel mundial que habíamos lanzado en un desfile de modas en
2011.
Le pedí que
hiciera justicia y encarcele a aquellas personas que se creen mejores, más
éticos o moralistas porque están en una posición superior o tienen amigos en el
poder
pero que cometen peores delitos que el que se me imputó. “Ellos no van presos
porque se escudan bajo las alas del gobernante de turno que tapa la basura con
alfombras italianas”. Como el caso de la
ex fiscal, Dra. María Marta Corrado; que usó mi causa y mi imagen para
realizar su plataforma política y acceder a la diputanía provincial porque no
tuvo capacidad intelectual para hacerlo por sus propios medios. Lo paradójico
es que mientras Corrado me llamaba “estafadora”, “monstruo”, “sectaria”, y
demás calificativos que ustedes ya sabrán; ella se dedicaba, encubiertamente, a
vender todos los bienes de la herencia dejada por su ex suegro sin
consentimiento familiar. No sólo se trataba de bienes tasados a cifras
abismales sino que aquellos que no pudo vender, se los deshizo como donación
política a bibliotecas públicas que después fueron allanadas. Corrado tiene la
imputación de estafas reiteradas agravada por el vínculo, ocultó prueba y nunca
se retiró de su cargo de diputada para que la justicia investigue sin contaminación,
pese a que el propio Sergio Massa (líder del partido político que ella representa),
se lo solicitó. Tampoco vino a prisión ni se le dictó prisión preventiva por
ocultamiento de prueba y hasta tuvo el tupé de organizar una campaña para
juntar firmas contra el nuevo Código Penal porque su aprobación implicaría que
se cumpla con uno de los artículos que impulsa penas más duras para los que
estafan y más duras aún si portan cargos públicos dado que se trata de “una
representante del pueblo”. Ella gozó de los beneficios que genera tener amigos
en el poder incluso cuando tiene más de 100 sumarios administrativos porque
mientras era fiscal, “encajonaba” causas de abuso sexual a menores.
Como
dijo un profesor de la UNS “las leyes no están hechas para los ricos o los que
tienen influencias. Ellos jamás agarrarán un arma para ir a robar el kiosco de
la esquina. Ellos roban millones, sí,
pero no son “chorros” sino que se hacen llamar “estafadores”. Mientras
la pena de un robo arranca de 6 años, la pena por estafa es excarcelable”
Otra de las
cosas que le pedí a la Presidenta es que hiciera del trabajo algo que
dignifique para que las grandes empresas no aprovechen la necesidad de la gente
a fin de generar explotación en forma encubierta. Mientras
personas sin título profesional, pero inescrupulosas, ganan mucho dinero; los
profesionales con dignidad deben conformarse con un monotributo. Le conté como Cablevisión contrató
profesionales de todo tipo para analizar mi conducta criminal pero nunca me
pagó los 2000 pesos que trabajé religiosamente hasta el mismo 12 de noviembre
de 2012.
Le conté también
que muchos de los que dicen ser éticos y morales y me señalaban con el dedo, no
eran mejores que yo. Como el caso de un suarense
acostumbrado a realizar análisis profundos sobre cómo deben comportarse las
personas, que se jactaba de ser solidario y no tuvo pudor en llamarme
“monstruo” pero que en su vida personal tiene “listas negras” hacia los que
considera “inferiores en capacidad intelectual e ideológica” y busca sacar provecho,
sobre todo económico, en cada ocasión por ejemplo, al usar un carnet de
discapacidad para realizar negocios vehiculares, vender información a políticos
sobre la vida privada de sus contrincantes, o al haber pedido un préstamo y para no devolverlo solicitar a un
diputado provincial que lo hiciera pasar como un subsidio institucional,
entre otras acciones “éticas y morales”.
Hace
dos años, cuando decidí escribirle a la Presidenta, decidí también abrirle mi
corazón de mujer, de esposa, de hija, de presa, de periodista y de “inferior”.
“Ud. Sabe lo que
representa en los más débiles, la arbitrariedad de los más fuertes. Sabe lo que genera la crueldad y la
impunidad de los que abusan de su poder para beneficios propios o para tapar
sus propias miserias. Sabe lo que es ser juzgado y perseguido por pensar
diferente o por mantener una convicción. Ud. Lo sabe porque peleó para cambiar el abuso de poder de un sistema
que hace del miedo y la soledad, las únicas armas de justicia para miles de
personas”, le escribí.
Le pedí justicia
por mi pueblo, el que me vio nacer, crecer, convertirme en una
profesional y donde estaba formando una familia más allá de las consideraciones
que vinieron después. Pero también le
pedí justicia por mi país porque ella “hizo de los Derechos Humanos, un
humano con derechos (aunque muchas veces no se apliquen) y de Argentina un país
de oportunidades (aunque muchas veces es desigual)”, le escribí.
Le
brindé detalles del material que había en los elementos secuestrados y en
documentos guardados en mi vivienda. Inmediatamente después de enviar la carta,
la vivienda fue robada aunque estaba bajo custodia policial y desde hace 3 años
no puedo recuperar nada de lo secuestrado pese a que no fue usado por la
fiscalía ni incluido en el expediente judicial.
·
Le conté que Moccero había enviado a su
funcionario institucional, Carlos Villar; para intimidarme a que “considera mi
posición en algunas notas periodísticas” que publicaba en un medio gráfico
contra la gestión del jefe comunal (situación
que detallaré en “Cartas desde la cárcel: capítulo 2”).
·
Que el intendente había prohibido a sus
funcionarios comprar, aunque sea por colaboración; entradas para el desfile de
modas que organizamos con la ONG Viision 21 a beneficio de la Escuela Especial,
donde cumplimos el sueño de dos alumnas que querían ser estilista y modelo, y
realizamos oficialmente el lanzamiento de la agencia de modelos para personas
con capacidades diferentes. La razón de la prohibición fue que rechazamos un
subsidio que Moccero pretendía darnos para usar el evento es su campaña
electoral a la intendencia, sacándose fotos al lado de los chicos de
capacidades diferentes que participaban del evento.
Le
conté a la Presidenta que en el material secuestrado y en la vivienda habías
fotos, videos y testimonios que
demostraban:
·
La relación de Moccero con el
narcotráfico y su pretensión de utilizar la oficina de narcóticos, que con
tanto ímpetu intentaba instalar en Coronel Suárez, para evadir causas
judiciales con la colaboración de la Ayudantía Fiscal y demás dependencias
policiales y judiciales instaladas en Cnel. Suárez. (más detalles en “Cartas desde la cárcel: capítulo 3”)
·
Que Moccero aprovechaba los actos
políticos que organizaba con funcionarios provinciales y nacionales, para tener
“gentilezas” con sindicalistas de la región y efectivos policiales locales como
se registra en el video grabado durante el acto al que asistió Amado Boudou en
calidad de presidente interino (más
detalles en “Cartas desde la cárcel: capítulo 3”)
·
Que el subcomisario Martín Otero,
compartió una fiesta junto a los jóvenes que días antes habían sido demorados
en Necochea por transportar Cocaína, Marihuana y LSD para Mar del Plata pero
puestos en libertad, a las 6 horas, sin que siquiera exista una denuncia penal (más detalles en “Cartas desde la cárcel:
capítulo 3”)
·
Que Moccero “acomodaba” los concursos
públicos para que los puestos fuesen ocupados por profesionales afines a sus
intereses particulares como sucedió en el cargo de director del área de
ginecología cuando el Dr. Daniel Muschong era secretario de salud durante el
2007 (más detalles en “Cartas desde la
cárcel: capítulo 4”)
·
Que el intendente utilizaba el Corralón
de su propiedad para desviar fondos que el gobierno destinaba a las obras
públicas y “negociar” la licitación de la construcción de las obras nacionales
y provinciales a favor de funcionarios o de sus amigos personales (más detalles en “Cartas desde la cárcel:
capítulo 4”)
·
Que el comisario Rubén Fernández ordenó
el desalojo violento de una madre que, con su nena de 4 años, usurpó una
vivienda del Plan Federal que estaba sin terminar y faltaban meses para ser
adjudicadas. Moccero se negó a otorgarle
una vivienda porque la señora mantenía conversaciones con concejales de la
oposición. No obstante, otorgó una vivienda a su secretaria privada y una de
sus jefas de prensa pese a no tener hijos además de darle una a su directora de
desarrollo social acusada de malversar fondos públicos para vacacionar con sus
amigas (más detalles en “Cartas desde la
cárcel: capítulo 5”)
·
Que dejó sin fondos a una entidad que
trabaja con discapacitados pero no escatimó esfuerzos al reconstruir la
vivienda de una asistente social encargada de decidir el destino de las ayudas
sociales, cuando se le incendió la casa porque en el garaje tenía prefabricado
un departamento interno con cartón, donde vivía el amigo de sus esposo al que
le cobraba alquiler (más detalles en
“Cartas desde la cárcel: capítulo 5”)
·
Que el comisario Fernández es el
encargado personal de cobrar las coimas a los prostíbulos incluyendo el que
está situado a metros de su quinta personas, y que, estando a cargo de la
Subestación policial de Huanguelén; nunca notificó la evasión de arresto
domiciliario que cumplía Marilina Melga acusada de degollar a su bebe recién
nacido, tirarlo por el inodoro y esconder el cuerpo en un bolso, lo que dejó al
descubierto la participación de una enfermera del nosocomio local de aquella
localidad, en la práctica de abortos. Fernández pretendía que la prensa no
“escarbara” me confirmó en una comunicación telefónica desde la redacción del
diario donde trabajaba (más detalles en “Cartas desde la cárcel:
capítulo 6”)
·
Que algunas profesionales del área de
violencia familiar habían sido amenazadas para que no continuaran con la denuncias
efectuadas por esposas, amantes y menores, relacionadas con funcionarios
municipales (más detalles en “Cartas
desde la cárcel: capítulo 7”)
·
Que Moccero se relacionaba con chicas
menores de edad y le detallé cómo mandaba a su funcionarios de confianza y
amigo personal, para que le propusiera a alguna que otra aspirante a reina
local (muchas de las postulantes tenían 16 años), el “intercambio de favores” a
cambio de la corona (más detalles en
“Cartas desde la cárcel: capítulo 7”)
Todo esto es lo
que le conté a la presidenta en la carta que mandé en noviembre de 2013. Cuando
hablé públicamente de la relación de Moccero con el narcotráfico, el intendente
sólo se limitó a decir que “no era persona, que tenía menos luces que un
ladrillo y que me pudriera en la cárcel” pero nunca explicó nada en relación a la
cuestión y lo mismo hará con cada uno de los temas que detallé. Como tiene
miedo de perder ese poder que alcanzó a costa de lamer zapatos caros y
lustrados, Moccero acostumbra a utilizar sus recursos para destruir las
capacidades intelectuales de la gente o directamente arruinar sus vidas a fin
de que “no molesten más”. Al jefe comunal suarense siempre lo salvaron quienes
gobernaban arriba de él, ejemplo de eso es su vida antes de ser intendente donde
mi padre lo contrataba para que le fumigara el campo; y antes de ser diputado
provincial: en más de 20 años de carrera política jamás consiguió un puesto en
la sexta sección electoral. Necesitó usar mi nombre y apellido, el de una
mediocre periodista pueblerina para alcanzar el segundo lugar en la lista
provincial del partido oficialista. El hombre que representa los intereses
provinciales del “partido de los derechos humanos” llama a las personas
“psicóticas” o directamente dice que “no tienen derecho a nada porque no son
personas” simplemente por no comulgar con él. Son sus armas para defenderse de
la verdad que golpea sus espaldas y amenaza con derrumbar esa fortaleza que
construyó con un mazo de cartas pero cree que es de material. Como dijo un
reconocido sindicalista suarense “Moccero nunca fue inteligente sino que es un
inescrupuloso. Primero lo salvaba la inteligencia de su padre y cuando su padre
falleció siempre encontró a alguien que le salvara las papas”.
Esta es la VERDAD, la que saco a
la luz porque pido justicia. No esa que se practica a diario sino la pregona la
Constitución Nacional. Justicia que saque la venda de los ojos de la gente,
para que conozcan lo que esconden aquellos que administran su dinero, gobiernan
sus ciudades, cuidan a sus familias en las calles y los informan a diario.
Justicia para que el reclamo sea escuchado y no muera en el intento. Justicia
para que exista cárcel para “todos y todas”. Justicia para que el derecho no
perezca. Justicia para que la VERDAD no sea detenida por la injusticia.
Justicia para que exista igualdad de oportunidades. Justicia para que se
respeten los derechos y las garantías constitucionales. Justicia para que se
gobierne por AMOR y no por dinero.
